La OMI colabora con otras partes interesadas para garantizar la protección y la seguridad marítimas en la zona del mar Rojo, en consonancia con la Estrategia marítima integrada para África 2050 (Estrategia AIM 2050). 

En el marco del "Programa regional de protección marítima de la zona del mar Rojo" (proyecto sobre el mar Rojo), la OMI participó en Addis Abeba del 27 al 28 de noviembre en un foro regional sobre implantación de la legislación marítima, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El evento tenía por objeto mejorar el conocimiento del ámbito marítimo regional y fomentar el diálogo en el sur del mar Rojo y el golfo de Adén.

El proyecto sobre el mar Rojo está coordinado conjuntamente por INTERPOL, la OMI, la UNODC y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Su objetivo es establecer una red nacional y regional de protección portuaria, un mecanismo que permita compartir datos operativos sobre buques, carga, tripulación y pasajeros entre las fuerzas del orden, las autoridades marítimas, los oficiales de protección de las instalaciones portuarias y los funcionarios de aduanas.

El mar Rojo se extiende desde el canal de Suez hasta el golfo de Adén, pasando por el estrecho de Bab el-Mandeb, y conecta Europa y Asia. Es una de las rutas marítimas más críticas para el comercio mundial y presenta importantes oportunidades para el desarrollo y el aumento de la prosperidad en la región.  

Desde 2012, la región ha experimentado una reducción de los sucesos de piratería y robo a mano armada contra buques en la región, pero la inestabilidad y los conflictos vuelven a aumentar. Además, continúan la delincuencia organizada transnacional y otras actividades marítimas ilícitas. Todo ello pone en peligro la libertad de navegación de los buques que transitan por las aguas de la región y limita las inversiones en infraestructuras portuarias y comercio marítimo.  

Los países participantes en el proyecto sobre el mar Rojo son: Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia, Sudán, y Yemen. Está financiado por la Unión Europea.