El último de una serie de cursillos sobre protección marítima organizados por la OMI ha tenido lugar esta semana en Djibouti en el marco del Programa regional de protección marítima de la zona del mar Rojo ("Proyecto sobre el mar Rojo"), financiado por la UE.
El Proyecto sobre el mar Rojo tiene como objetivo ayudar a los países participantes del mar Rojo meridional y del golfo de Adén a reforzar la protección y la seguridad marítimas en la zona del mar Rojo, en consonancia con la Estrategia marítima integrada de África para 2050.
El cursillo, que se celebró del 20 al 22 de febrero, formó a representantes de las autoridades designadas y los oficiales de protección de las instalaciones portuarias sobre cómo realizar una evaluación de la protección de la instalación portuaria.
La evaluación de la protección de la instalación portuaria es una prescripción obligatoria para los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS, y una parte esencial de la elaboración o actualización del plan de protección de la instalación portuaria mediante un análisis del riesgo de todos los aspectos de las operaciones de una instalación portuaria para determinar qué partes de la misma son más susceptibles de ser objeto de un ataque.
A través de este proceso, se identifican las amenazas contra los activos críticos en los puertos, se establece su probabilidad y se evalúa la vulnerabilidad a estas amenazas. También se evalúan las lagunas relacionadas con la seguridad física, la integridad estructural, los sistemas de protección del personal, las políticas de procedimiento, los sistemas de telecomunicaciones, las infraestructuras correspondientes, los servicios públicos y otras áreas que supongan un riesgo para las personas, los bienes o las operaciones de las instalaciones portuarias. Las contramedidas tienen por objeto garantizar el empleo de las medidas de protección más eficaces para reducir la vulnerabilidad de una instalación portuaria o de una interfaz buque-puerto frente a las posibles amenazas.
El Proyecto sobre el mar Rojo, financiado por la Unión Europea, es ejecutado por la OMI, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), INTERPOL y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).