Código de conducta de Djibouti
La Enmienda de Jeddah al Código de conducta de Djibouti de 2017
Un acuerdo internacional clave en el incremento de la capacidad y la habilidad de los Estados para elaborar, implantar, mantener y actualizar medidas y medios con el fin de reprimir los actos de piratería y los robos a mano armada contra los buques en el océano Índico occidental y el golfo de Adén ha ampliado considerablemente su ámbito de aplicación para cubrir otras actividades marítimas ilícitas, incluidos el tráfico de seres humanos y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Una reunión un alto nivel de signatarios del Código de conducta de Djibouti, celebrada en Jeddah, Arabia Saudita (del 10 al 12 de enero) adoptó la versión revisada del Código de conducta que se conocerá como "Enmienda de Jeddah al Código de conducta de Djibouti, 2017".
Los Estados participantes acordaron trabajar juntos, con el apoyo de la OMI y otras partes interesadas, con el fin de aumentar la capacidad nacional y regional para abordar las cuestiones de protección marítima en general, como base para el desarrollo sostenible del sector marítimo.
La Enmienda de Jeddah reconoce el importante papel de la "economía azul" -en la que se incluyen el transporte marítimo, la gente de mar, las pesquerías y el turismo- en apoyo de un crecimiento económico sostenible, la seguridad alimentaria, la prosperidad, la creación de empleo y la estabilidad. Sin embargo, manifiesta su profunda preocupación por los delitos de piratería, los robos a mano armada contra los buques y demás actividades marítimas ilícitas, incluidas la pesca ilícita, en el océano Índico occidental y el golfo de Adén. Tales actos representan graves amenazas para la seguridad y la protección de las personas y los buques en el mar y para la protección del medio marino.
El Código de conducta revisado se basa en el Código anterior, que fue adoptado bajo el auspicio de la OMI en 2009. La enmienda de Jeddah hace un llamamiento a los Estados signatarios a que cooperen en la medida de lo posible para reprimir la delincuencia transnacional organizada en el ámbito marítimo, el terrorismo marítimo, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y otras actividades ilícitas en el mar.
Dicha cooperación incluiría intercambiar información, interceptar los buques y/o aeronaves sospechosos de participar en tales delitos; garantizar que todas las personas que cometen o que tengan la intención de cometer dichas actividades ilícitas son aprehendidas y enjuiciadas; así como facilitar cuidados, un trato y una repatriación adecuados a la gente de mar, pescadores, otro personal de a bordo y pasajeros víctimas de tales actos.
Los delitos transnacionales organizados mencionados en el Código incluyen el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, el robo de crudo, el tráfico y la trata de personas y el vertimiento ilegal de desechos tóxicos.
Un artículo clave del Código incluye la intención de los participantes de elaborar e implantar, según sea necesario, una estrategia nacional para el desarrollo del sector marítimo y una "economía azul" sostenible que genere ingresos, empleo y estabilidad. El Código también incluye el compromiso de elaborar políticas nacionales de protección marítima. La legislación nacional para garantizar el funcionamiento seguro y protegido de las instalaciones portuarias, una protección eficaz del medio marino y la gestión sostenible de los recursos marinos vivos también se incluye en el texto.
Bajo nuevas medidas relativas a la organización nacional de protección marítima, los participantes se comprometen a establecer comisiones nacionales de protección marítima y facilitación que tengan un enfoque interorganismos y pluridisciplinar, con disposiciones similares en el ámbito portuario, para elaborar planes de acción e implantar procedimientos de protección efectivos.
Otro compromiso abarca la intención de los participantes para trabajar conjuntamente con los Estados (el Estado de abanderamiento, el Estado del que se sospecha que proceden los perpetradores, el Estado del que son nacionales las personas a bordo del buque y el Estado del propietario de la carga, y otros interesados) y coordinar actividades entre ellos para facilitar el salvamento, la interceptación, la investigación y el enjuiciamiento.
La OMI ha organizado y financiados ejercicios sobre la delincuencia organizada en el mar dirigidos a los oficiales cumplimiento del derecho marítimo de los Estados signatarios del Código de conducta de Djibouti.
Reunión de Jeddah
Asistieron a la reunión 17 Estados signatarios del código de Conducta de Djibouti, además de Francia (Reunión) y cuatro Estados observadores, así como observadores de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC); la Unión Europea, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Fuerza de Reserva de África Oriental.
La reunión fue inaugurada por Vicealmirante Awwad Eid Al-Aradi Al-Balawi, el Jefe del Servicio de Vigilancia de Fronteras del Reino de Arabia Saudita y el Sr. Chris Trelawny, Asesor especial del Secretario General de la Organización. La reunión estuvo presidida por el Sr. Awwad Eid Al-Aradi Al-Balawi.
El código revisado fue adoptado por los 18 Estados, que también adoptaron resoluciones sobre cooperación y asistencia técnica; mejora de la formación en la región y expresiones de agradecimiento al país anfitrión, Arabia Saudita.
La Enmienda de Jeddah al Código de Conducta de Djibouti fue firmada el jueves, 12 de enero de 2017 por 12 de los 17 Estados participantes que cumplían las condiciones para firmar.
Los 12 Estados firmantes fueron: Comoras, Djibouti, Etiopía, Jordania, Madagascar, Maldivas, Mozambique, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Seychelles, República Unida de Tanzanía y Yemen.
Código de conducta de Djibouti
El Código de conducta relativo a la represión de la piratería y los robos a mano armada contra los buques en el océano Índico occidental y el golfo de Adén (el Código de conducta de Djibouti) ofrece un marco para la creación de capacidad en la región con el fin de luchar contra la amenaza de la piratería. El Código fue suscrito el 29 de enero de 2009 por los representantes de Djibouti, Etiopía, Kenya, Madagascar, Maldivas, la República Unida de Tanzanía, Seychelles, Somalia y Yemen. Por su parte, Comoras, Egipto, Eritrea, Jordania, Mauricio, Mozambique, Omán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos se han suscrito a partir de entonces, ascendiendo a un total de 20 países de los 21 con derecho a firmar. Desde su adopción, el Código ha evolucionado para convertirse en un punto focal para facilitar la comunicación, coordinación y cooperación en sus cuatro pilares: proporcionar formación nacional y regional, mejorar la legislación nacional, intercambiar de información y crear capacidad para la lucha contra la piratería.